REVISTA AMEREIAF No. 3 MARZO-JUNIO 2022

42 los graves niveles de inseguridad y para que los jóvenes no vean en los grupos delictivos una puerta para la obtención de recursos ante la carencia de oportunidades para su desarrollo personal y profesional, por lo que propuso, entre otras acciones, los programas Jóvenes escribiendo el futuro, Jóvenes construyendo el futuro y el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez , a fin de proporcionarles apoyos económicos para su capacitación laboral y la realización de estudios de nivel superior, estos apoyos o becas se conciben también como “una fórmula excelente para alcanzar la equidad en la educación” (Sánchez y Sianes, 2021; p. 292) Asimismoplanteaquelaeducación debe impulsar las transformaciones sociales, en este sentido apunta que la educación ha estado reproduciendo las desigualdades sociales y económicas y ha sido excluyente para diversos grupos sociales que por su condición, económica, étnica o de alguna otra naturaleza han estado impedidos de recibir los beneficios de la educación superior, para lo cual plantea, por ejemplo, entre otros mecanismos, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y el programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García . De manera específica se propone que la educación superior incida en la formación integral de los individuos para que adquieran una formación con una visión científica, tecnológica, innovadora, internacional y humanística, que se comprometan con la sociedad y el desarrollo nacional para coadyuvar en la solución de problemas locales, nacionales e internacionales (Sánchez y Sianes, 2021). La (LGES), aprobada el 9 de marzo de 2021 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2021, contempla las directrices planteadas en la norma superior y constituye el principal mecanismo regulador de la educación de este nivel educativo por lo que las instituciones deberán ajustar su quehacer a las nuevas normas y disposiciones. Su aplicación, sin embargo, entraña dificultades diversas para las IES, una de ellas es de tipo presupuestal, ya que, como lo reconoce el mismo PND, estas instituciones han sufrido el acoso presupuestal de los gobiernos anteriores presumiblemente con el objetivo de debilitar la educación pública y favorecer la educación privada, de tal manera que el propósito de garantizar el derecho a la educación superior y cumplir con los principios de obligatoriedad y gratuidad de los servicios de este nivel educativo implica, por un lado, la ampliación de la cobertura y por otro la disminución de recursos propios que reciben vías aportaciones de los estudiantes. La ampliación de la cobertura si bien es un hecho necesario a fin de incrementar el porcentaje de jóvenes matriculados en educación superior cuyo promedio nacional actual es de alrededor de 40 por cada 100 jóvenes entre los 18 y los 22 años de edad (Pérez, 2019), aunque en algunas entidades llega a ser de hasta 60 por ciento, pero en otras es de alrededor del 20 por ciento, lo cual refleja también las disparidades e inequidades nacionales. En este sentido se debe advertir que el incremento de la cobertura no debe ser en detrimento de la calidad que también ha sido asediada, como lo señala el mismo PND. Esto significa que, además de que las aulas universitarias se abran para recibir a un número mayor de jóvenes, se tienen que atender diversos aspectos de infraestructura, equipamiento y personal docente con la formación y el desempeño adecuado.